SANTO DOMINGO.- Un juez de la Oficina de Atención Permanente impuso medidas de coerción contra los diez implicados en el entramado de corrupción administrativa que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en una decisión que el Ministerio Público calificó como histórica y respaldada por la fortaleza de la investigación presentada.

El magistrado Rigoberto Sena Ferreras ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como cabecilla de la red, así como contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Para Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas, al considerar su grado de vinculación con los hechos investigados.

Tras la decisión judicial, el Ministerio Público reafirmó su independencia y aseguró que continuará sin descanso el proceso judicial contra todos los responsables del fraude que, según las autoridades, afectó directamente el patrimonio público y los derechos de los afiliados al sistema de salud estatal.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, anunció que el órgano acusador trabaja en la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que se prevé someter a la justicia a otras personas físicas y jurídicas que habrían participado en el esquema delictivo.

Camacho explicó que el juez fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos, los cuales calificó como “crueles y muy graves”, llegando a describirlos como una “traición”, una “locura colectiva” y comparándolos con un “holocausto”, en alusión al impacto causado en un sistema destinado a proteger la salud de la población más vulnerable.

La acusación fue presentada por un amplio equipo del Ministerio Público encabezado por Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, junto a varios fiscales especializados en persecución de la corrupción administrativa.

Con esta decisión, el caso SeNaSa se consolida como uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción, mientras las autoridades reiteran que todo aquel que haya sustraído fondos públicos deberá responder ante la justicia.