SANTO DOMINGO.– La comunicadora Claudia Pérez, conocida públicamente como “La Tora”, fue dejada en libertad la tarde de este miércoles tras haber sido detenida en virtud de una orden de arresto emanada por la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La orden fue dictada luego de que Pérez fuera declarada en estado de rebeldía judicial por su incomparecencia injustificada a una audiencia del proceso penal que se le sigue, relacionado con una querella interpuesta por el diputado Sergio Moya, alias “Gory”.

La detención se produjo cuando la también activista mediática arribó a una de sus oficinas localizadas en una plaza comercial situada en Los Jardines del hotel El Embajador. Desde allí, fue inmediatamente trasladada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para cumplir con el mandato judicial. Tras rendir declaraciones y agotar los procedimientos de rigor, se dispuso su liberación provisional.

El órgano jurisdiccional reprogramó la audiencia para el próximo 28 de mayo, en la que se espera que Pérez comparezca con sus representantes legales. Cabe recordar que la comunicadora había sido formalmente declarada en rebeldía el pasado 30 de abril, al ausentarse sin justificación procesal válida de la audiencia pautada, pese a haber sido citada conforme al procedimiento legal establecido.

El proceso penal que enfrenta Pérez se enmarca en una acusación penal de carácter privado por presunta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, legislación que tipifica conductas como la difamación y la injuria cometidas a través de medios electrónicos o digitales.

En este caso, el querellante, diputado Sergio Moya, alega haber sido víctima de ataques a su honor y reputación mediante declaraciones que Claudia Pérez emitió en un programa televisivo de alcance nacional, en el cual expresó abiertamente su decisión de no presentarse al tribunal.

Los abogados del legislador fundamentaron la solicitud de rebeldía en el incumplimiento voluntario de la citación legal y en declaraciones públicas que, según consta en el acta de audiencia, evidencian una actitud de desacato hacia el Poder Judicial.

Este caso plantea un precedente relevante en la interacción entre la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo crítico, y los límites jurídicos que impone la legislación penal en materia de tecnología y comunicación digital. La evolución del caso será clave para observar cómo los tribunales dominicanos ponderan el derecho al honor frente al ejercicio de la crítica pública por parte de figuras de los medios.