La Fundación Francina realizó un conversatorio para identificar las oportunidades que ofrece el marco regulatorio para incrementar los niveles de protección social.

Santo Domingo. República Dominicana cuenta con un marco normativo laboral robusto que establece la igualdad en el acceso a oportunidades en el sector productivo, desafortunadamente, no ha sido suficiente, hace falta voluntad política para que se apliquen los mecanismos de actuación que permitan eliminar prácticas, estereotipos y prejuicios que perpetúan la exclusión y la discriminación.

Así lo señalaron los juristas Pascal Peña Pérez, Katherine Flete y Giancarlo Vega, ponentes en el conversatorio “Políticas Laborales de la República Dominicana: Una Ventana Hacia la Autonomía desde la Innovación, la Inclusión y la Productividad”, realizado ayer por la Fundación Francina.

Giancarlo Vega afirmó que el teletrabajo, que se incrementó producto   de las restricciones sociales y los severos confinamientos que impuso la pandemia, dio paso para que las barreras del entorno no sean impedimento para propiciar la participación productiva de todas y todos.

“Este es el momento de innovar, de generar iniciativas, de crear una política de innovación que esté centrada en la gente y sus competencias”, aseguró, tras aclarar que hay que dejar de encasillar a la innovación como un proceso exclusivo de la tecnología.

Precisó que innovación es generar nuevas oportunidades de bienestar; crear las herramientas para universalizar derechos.  “Innovar debe ser la clave para que esta sociedad sea más inclusiva y para que nuestros mercados laborales tengan la capacidad de acoger a aquellos que en el tiempo han quedado fuera”, aseguró.

Mientras que Katherine Flete sostuvo que República Dominicana ha tenido importantes avances en la reducción de las barreras que ponen obstáculos a la participación de las personas con discapacidad. Entre estos, citó la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad No. 05-13, que establece la equiparación de oportunidades para todas las personas e incentivos para las empresas e instituciones públicas que fomenten la diversidad.

Pero, explicó, esa normativa requiere de la creación de procedimientos que propicien su efectiva y eficiente aplicación. También mayor promoción de parte del Estado para que los sectores público y privado cumplan con la ley, reduzcan las brechas de acceso y se beneficien de los incentivos que ofrece la norma, “que se logre la meta de que República Dominicana tenga un desarrollo y crecimiento inclusivo”.

De su lado, Pascal Peña Pérez indicó que los derechos y las necesidades de las personas con capacidades diferenciadas son las mismas que las de una persona sin discapacidad y que es un deber del Estado asumir políticas concretas de solución a situaciones que puedan generar algún tipo de desigualdad mediante acciones afirmativas o acciones positivas.

Propuso la creación de un proyecto de primer empleo para personas con discapacidad y que el Estado garantice con mecanismos concretos el cumplimiento de la norma. Agregó que acciones tan simples como la construcción de una rampa de acceso hacen enormes diferencias.

“En República Dominicana hay muchas normas que establecen el goce y ejercicio de ciertos derechos, el tema está entonces en la adecuada aplicación e interpretación, en el establecimiento de prácticas concretas para permitir que personas accedan oportunidades respetándose y  garantizándose  el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, que es un principio y un derecho reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria”, aseveró.

El conversatorio, que fue moderado por Francina Hungría, se realizó en el marco del proyecto Oportunidades Laborales para la Autonomía (OLA), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD. Se trasmitió por El Nuevo Diario TV.

En el encuentro se examinaron las potencialidades y desafíos que tiene el marco regulatorio para alcanzar la plena inclusión en el sector productivo nacional y se identificaron posibles mejoras en los mecanismos de implementación que permitan incrementar los niveles de protección social y favorezca la construcción de un verdadero Estado del bienestar para todos los dominicanos.