El caso por la trágica muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, continúa generando conmoción nacional y nuevas acciones por parte de las autoridades.

EL Ministerio Público formalizó la solicitud de medidas de coerción contra cuatro integrantes del Instituto Leonardo Da Vinci, arrestadas por su presunta vinculación con el homicidio involuntario ocurrido durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago. El viaje, organizado por el propio centro educativo, terminó en tragedia cuando la menor falleció en una de las piscinas del lugar el pasado 14 de noviembre.

La instancia fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde el órgano acusador pidió que a cada una de las imputadas se le imponga una garantía económica ascendente a 50 millones de pesos, a través de una compañía aseguradora. Además, solicita impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de localizadores electrónicos, medidas que buscan asegurar la presencia de las acusadas en el proceso.

Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Todas formaban parte del equipo responsable de la excursión y de la supervisión de los estudiantes.

Para el Ministerio Público, estas medidas son proporcionales y necesarias, conforme a los hechos imputados, y se sustentan en el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal. La acusación principal es por homicidio involuntario, tipificado en el artículo 319 del Código Penal dominicano, aunque también se incluyen cargos de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, violaciones establecidas en el artículo 351-2 del mismo código y en el artículo 14 de la Ley 136-03.

El expediente detalla que la niña fue llevada junto a otros alumnos del colegio Leonardo Da Vinci —ubicado en la carretera Don Pedro, Santiago— a una excursión recreativa que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. Tras ser introducidos al área de las piscinas, la menor quedó expuesta a riesgos que derivaron en su fallecimiento por ahogamiento, un hecho que pudo haberse evitado con protocolos adecuados.

Por instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la investigación está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y de la procuradora de corte Olga Diná Llaverías. Ambos lideran las direcciones de Persecución del Ministerio Público y de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), respectivamente, lo que refleja el alto interés institucional para esclarecer responsabilidades.

Como parte de las evidencias, las autoridades establecen que 87 niños fueron movilizados con apenas tres cuidadoras, sin salvavidas, sin un registro previo de habilidades de nado y sin chalecos salvavidas. Además, señalan que las imputadas no evaluaron la profundidad de las piscinas ni verificaron las condiciones de seguridad del lugar, una omisión que constituye, según el Ministerio Público, negligencia extrema.

A esta situación se suma un vídeo incorporado a la investigación que muestra fallas graves en la supervisión a cargo del personal asignado al cuidado de la niña, así como deficiencias en la organización general del paseo. El audiovisual respalda la acusación de que hubo incumplimiento de deberes y falta de diligencia en la protección de los menores durante la actividad.

Finalmente, el Ministerio Público informó que solicitó al Ministerio de Educación la realización de una inspección conjunta al Colegio Leonardo Da Vinci. El objetivo es identificar prácticas internas que pudieran representar riesgos o vulnerar el interés superior del niño, con el fin de establecer responsabilidades institucionales y reforzar los mecanismos de seguridad en actividades escolares.