SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público amplió las investigaciones sobre una presunta estructura de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante distintos mecanismos fraudulentos y anunció el arresto de 28 personas durante la denominada Operación Cobra 2.0-A.
La nueva fase de la investigación incluyó 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de las acciones dirigidas a identificar y procesar a exfuncionarios de SeNaSa, médicos y otros vinculados al esquema investigado.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que en el operativo participan 45 fiscales, alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales. La investigación también contó con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes que forman parte de las evidencias reunidas en el proceso.
Una investigación que se extiende
La Operación Cobra 2.0-A constituye una nueva etapa de un proceso que comenzó con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público inició la persecución de una estructura señalada de sustraer recursos públicos destinados al sistema de salud.
En la primera etapa fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, además de Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
A estos procesados se suman otros imputados que enfrentan distintas medidas de coerción, entre ellos Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Según la acusación, el expediente incluye imputaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano persecutor sostiene que durante la investigación ha identificado presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y programas especiales que, de acuerdo con su tesis, habrían sido utilizados para distraer recursos públicos.
El expediente también alcanza al sector privado de salud
La investigación no se limita a antiguos funcionarios de la ARS estatal. El Ministerio Público sostiene que en el supuesto esquema participaron también prestadores de servicios de salud que habrían actuado en coordinación con funcionarios de SeNaSa.
Entre las líneas investigativas se encuentra el procesamiento de médicos y otros prestadores a los que se atribuyen maniobras que habrían afectado tanto los recursos públicos como a profesionales que, según el órgano acusador, desarrollaban sus actividades conforme a las normas y la ética profesional.
Operación Onco14: otra línea vinculada al caso
Dentro de las investigaciones relacionadas con el manejo irregular de recursos de salud, el Ministerio Público también puso en marcha en junio pasado la Operación Onco14, dirigida contra una estructura que habría utilizado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para ejecutar operaciones fraudulentas en perjuicio del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y SeNaSa.
En esa operación fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien ocupó funciones administrativas y de auditoría en el patronato.
El proceso fue declarado complejo por la justicia de Santiago. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez enfrenta arresto domiciliario.
Fraudes mediante medicamentos y servicios médicos
De acuerdo con la investigación, el supuesto esquema habría utilizado diferentes mecanismos para sustraer recursos, entre ellos doble facturación a SeNaSa, modificación de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos y entrega incompleta de medicamentos.
El expediente también contempla alegaciones sobre la venta de medicamentos que habían sido donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales y operaciones relacionadas con sustancias controladas.
A esto se suman señalamientos sobre el uso de habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao para procedimientos estéticos, gastos de representación considerados ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, así como presuntos actos de sabotaje digital y sustracción de archivos.
El Ministerio Público también investiga la creación de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida como parte de las maniobras que, según su acusación, habrían permitido distraer fondos y facturar a SeNaSa por servicios y medicamentos que no habrían sido entregados a pacientes.
Otra de las prácticas señaladas por los investigadores corresponde a la presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos que, de acuerdo con el expediente, no estarían justificados por las funciones desempeñadas dentro de las entidades involucradas.
Las investigaciones de Cobra 2.0-A y Onco14 forman parte de la ofensiva del Ministerio Público para determinar el destino de recursos públicos y establecer las responsabilidades penales que correspondan. La determinación definitiva sobre la responsabilidad de los imputados corresponde a los tribunales, conforme avance el proceso judicial.
