Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, afirmó que el gobierno tiene que apretarse el cinturón y asegurarse de eliminar gastos de representación, viajes y asignaciones excesivas de combustibles para adecuar el presupuesto del 2021.

El primero en dar ejemplo será el Presidente de la República eliminando sus gastos de representación.

El mandatario explicó que en el proyecto de presupuesto,  hay 16 ministerios que sufrirán reducciones en sus asignaciones de gastos con relación a la que tenían en el presupuesto original del 2020; y 3 ministerios presentan recortes en su asignación con relación a su ejecución del 2019.

Abinader  anunció que se mantendrá “el compromiso nacional del 4% para la educación”, y se incrementan las partidas de los ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, Interior y Policía, Agricultura y Mujer.

«Salud Pública  recibirá $107 mil millones, $12 mil millones más, lo que es necesario por los recursos necesarios para continuar la lucha contra el COVID-19, para financiar la administración de la vacuna a la población y aumentar un 30% al salario de los médicos, enfermeras y bioanalistas», dijo el jefe de Estado.

Agregando que  parte de estos recursos están destinado a cubrir la inclusión de los 2 millones de nuevos asegurados al SENASA, con lo que el total de asegurados superará los 5.5  millones, “cifra más alta de la historia”.

El mandatario señaló como una prioridad, “lograr una mejora sustancial de la infraestructura sanitaria”, para lo que se asigna un presupuesto de $ 6,809 millones para reparación, construcción y equipamiento de 19 hospitales con más de 7 años en construcción.

Sobre el Ministerio de Educación explicó que recibirá el 4% del PIB, que ahora asciende a $195 mil millones, destinados, entre otras, al apoyo del modelo de educación a distancia implementado en el ciclo lectivo 2020-2021 en el contexto de la pandemia de COVID19.

Mientras que para la  educación superior, se asignaron $234.5 millones a la UASD y $200 millones en bonos de ayuda para estudiantes de universidades privadas “para garantizar que ningún ciudadano pierda la oportunidad de continuar su formación académica”.